lunes, 29 de mayo de 2017

Soldados anónimos

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio

Ph Elena Nicolay
El día después de Navidad encontró a Rómulo Francisco Moreno cocinando para él y su familia. Lo encontró compartiendo con su esposa, el abuelo de ella, con sus tres hijas, con su suegro y con una cuarta hija que nunca conoció.
El 26 de diciembre de 1975 encontró a este trabajador de la zafra vendado, golpeado y secuestrado frente a toda su familia.
El pasado 18 de mayo declaró su esposa, Ramona Ester Fregenal. Ella relata ante el tribunal la traumática experiencia de ver entrar a un grupo armado a su casa y revolver todo el lugar mientras su compañero era llevado frente a sus ojos. Al salir a la calle se encontró con toda la cuadra llena de vehículos militares, entre ellos estaba el camión donde sería trasladado Moreno.
Primero fue llevado a la Escuela de Las Mesadas, el pueblo donde residía con su familia, luego el mismo camión lo llevaría hasta la base militar emplazada en el Ingenio Santa Lucía.
“Yo los vi ahí. Todos los vehículos que habían estado en la puerta de mi casa estaban estacionados frente a la base, pero ellos no me querían decir nada. El que me atendió ni siquiera me quiso decir su nombre. Yo no quise preguntar quién estaba a cargo, tenía mucho miedo, se sabía en el pueblo que estaban secuestrando gente y se sabía que ahí los tenían detenidos.”
A los pocos días, Roberto Antonio Moreno, sobrino de la víctima, le confesó a la testigo que él también había sido secuestrado y que lo habían golpeado para que dijera dirección de su tío “Gatica”, como era llamado Francisco en el pueblo.
El jueves 11 de mayo prestó testimonio Hortensia del Carmen Juárez en relación a su propio secuestro, pero su historia da a entrever el porvenir de Francisco Moreno. La testigo cuenta que fue secuestrada de su casa con solo 15 años y que fue retenida en un lugar que no puede reconocer porque estaba vendada de ojos, pero asegura que probablemente haya sido en el Ingenio de Santa Lucía. Allí había un hombre que al parecer estaba en un estado de locura por las torturas sufridas. “Gritaba todo el tiempo el pobre, les rogaba a los militares, les decía que su esposa estaba embarazada, que por favor lo suelten porque tenía que ir a cuidarla. Yo lo reconocí por la voz, no se el nombre, pero en el pueblo le decían “Gatica”. Un día no lo escuché más, los que nos vigilaban se cansaron de escucharlo gritar y lo llevaron afuera y lo fusilaron”.

Ramona Ester Fregenal esperó el regreso de su esposo un año, con cuatro hijas y sin trabajo, hasta que finalmente tuvo que mudarse a Buenos Aires para poder mantener a su familia. Nunca más supo el destino de su esposo.

martes, 23 de mayo de 2017

Silencio de cuatro décadas

Por Exequiel Arias para El Diario del Juicio
Ph Elena Nicolay
Existen historias que exceden los espacios donde se hacen eco. Historias que modifican al oyente, lo trasladan a otro lugar, lo sacuden y lo devuelven más sensible y más consciente. Historias que, ante la oscura inminencia de ser sepultadas en el olvido, una vez recuperadas ganan fuerza y le dan sentido a esto que llamamos “construcción colectiva de la memoria”. Esas historias y los sujetos que las encarnan tienen la capacidad de sobrecoger a una sala completa y aturdir al cruel sepulturero que en otra época ostentó el poder de silenciarlas. La historia que recuperamos hoy es la de una mujer de 57 años, quien denunció por primera vez en un juicio de lesa humanidad los tormentos sufridos hacia el año ’75. La víctima -cuya identidad se preserva por pedido de su equipo de acompañamiento psicológico- dio testimonio el jueves pasado en el TOF y contó su historia, casi 42 años después.
Para ella, el circuito del terror inició en noviembre de 1975. Relató que se encontraba durmiendo con su marido en casa de sus suegros, cuando por la noche llegó un grupo de hombres que violentó a la familia. “Patearon puertas y atropellaron todo”, relató la víctima, y denunció que fue sacada violentamente de la habitación. También recordó que su marido les suplicó que tengan cuidado con ella, pues se encontraba embarazada de cinco meses. El resultado a esa súplica fue una violenta golpiza hacia el hombre por parte de los sujetos “vestidos de verde”, según mencionó la testigo.
El recorrido realizado por la víctima se distribuyó en distintos rincones de la provincia. En primera instancia, la llevaron a la base militar que estaba instalada en el ingenio Santa Lucía. Allí, con los ojos vendados, escuchó voces y gemidos de otros detenidos. Una de esas voces atacó a los secuestradores: “¿Por qué la traen, pobrecita, está embarazada”. Este acto, que pudo haber sido visto como un gesto heroico o como un simple destello de sentido común, fue interpretado como una afrenta que le valió una violenta represalia a quien lo realizó. En aquella base militar estuvo sólo un día, luego fue trasladada.
En el segundo lugar -al que se refirió como “el lugar de la muerte”- fue donde se inició el calvario. Debido a las condiciones insalubres en las que se encontraba, se le endurecía mucho la panza y tenía contracciones casi todo el tiempo. “Me sacaban de noche y me ponían la picana en el vientre. Me la bajaban para la vagina, yo gritaba. La misma corriente parece que me desmayaba y después me sacaban de ahí”, contó. En una oportunidad, cuando la llevaron al baño, uno de los oficiales la obligó a mirarlo a la cara. En aquellas circunstancias, un hecho tan cotidiano como mirar a otra persona podía significar el fin. La muerte ya estaba instalada en todo el perímetro, ella misma escuchó de cerca la ejecución de un vecino de Santa Lucía, “Gatica”, a quien identificó por la voz. Para ella, reconocer a uno de sus captores era la sentencia de muerte. Todo esto se le cruzó por la cabeza en aquel cuarto de baño mientras miraba en silencio al hombre de uniforme azul, narigón y de pelo lacio que le devolvía la mirada. “Yo temblaba de miedo, lloraba y esperaba la muerte”, dijo. En ese lugar estuvo un tiempo considerable: en diciembre del 75 escuchó a sus captores festejar la Navidad y Año Nuevo.
Una noche, la trasladaron a otro sitio. “Agradecé que te sacamos de acá, porque los que quedan aquí van a morir todos”, le habían dicho. Según testimonios que escuchó, este tercer lugar era la Jefatura de Policía. Allí empezaron las contracciones y los dolores de parto, fue entonces cuando la trasladaron al penal de Villa Urquiza, alrededor de febrero del ‘76. La víctima relató que en ninguno de los lugares donde estuvo secuestrada fue atendida por un médico para revisarla o chequear la evolución de su embarazo. En junio de ese año, un frío día de otoño, su hijo nació en el penal de Villa Urquiza. “Me permitieron tenerlo dos meses, después ya me lo sacaron porque me iban a enviar a Villa Devoto”.
Estuvo detenida en el penal de Villa Devoto -Ciudad Autónoma de Buenos Aires- por casi dos años hasta que le dieron la libertad en el año 1978. En ese lugar, el último del circuito, no le permitieron tener visitas. “Esto destruyó a mi familia”, sentenció, y agregó que su marido se mudó con su bebé a Buenos Aires y formó otra familia.
Unos dos años antes de éste histórico día, ella se reencontró con su hijo, quien hoy ya tiene 41 años.
La historia de la víctima, como tantas otras historias que se escucharon en el TOF, nos obliga a repensar el terrorismo de Estado que se desató con el Operativo Independencia en el año ‘75. Nos obliga a preguntarnos cuántas son las historias que quedan por escuchar y cuántas son las voces que aún no se pronunciaron contra las injusticias. Cuál fue el verdadero impacto del terror en la Argentina y de qué forma el Estado construyó -conscientemente y bajo un plan sistemático- centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; además de otros mecanismos para sembrar el terror a lo largo del país. Cuántas son las familias, como las de la víctima, que resultaron destruidas irrevocablemente. Cuántos son los niños y niñas que nacieron en cautiverio. Son muchas las preguntas que, cuarenta años después, aún no encuentran respuestas.

lunes, 22 de mayo de 2017

Falta de in-formación.

Por Andrea Susana Romero para El Diario del Juicio

Terminaba la audiencia hace unas semanas atrás, no quedaban más testimonios. Sin embargo, el abogado defensor Mario Roque Leiva Haro pidió la palabra para poner en duda el trabajo que realizan los psicólogos y psicólogas del Equipo de Acompañamiento a Testigos, en el marco del juicio Megacausa Operativo independencia.
 Es probable que el doctor Leiva no esté al tanto de la tarea que realizan quienes forman parte de dicho equipo puesto que está recién arribado a juicios donde se juzgan delitos de Lesa Humanidad. Una opción para salir de la duda y la incertidumbre, antes de manifestar la infundada desconfianza que habita en el inquieto Dr. Haro podría ser alguna técnica autodidacta, por ejemplo la lectura atenta y en profundidad de diferentes artículos en donde se desarrolla de manera clara cómo y para qué trabaja el equipo de acompañamiento. Los artículos enunciados anteriormente están disponibles en la web, google es una buena opción para la búsqueda, como lo es, bien sabe el curioso Dr., para videos de autos y camionetas BMW, esos mismos que suelen copar la pantalla de su notebook cada vez que se desarrollan las audiencias.
 De cualquier manera, y en virtud desasnar a señor defensor, nos hemos propuesto colaborar con su formación “profesional”.
El trabajo del equipo de acompañamiento a testigos no es reciente. Hace 11 años que legitiman un trabajo que comenzó en el año 2006 luego de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio en el que estaba procesado el genocida Etchecolatz. En principio la finalidad de la iniciativa era acompañar a quienes iban a dar su testimonio, para que esa circunstancia que fue esperada durante años tuviera el menor costo emocional posible para quienes habían padecido el terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, había que resguardar el testimonio como prueba esencial que permitiera sostener el proceso de los juicios contra los genocidas porque muchas personas eran perseguidas y amenazadas por los represores o por quienes formaban parte de su entorno. Como consecuencia de ello se hizo necesaria la protección de los testigos por parte del estado y así fue que la intervención del equipo de psicólogos y psicólogas fue fundamental y necesaria.

Tucumán: 9 años de acompañamiento.

Los psicólogos que forman parte del Equipo Interinstitucional de Acompañamiento a testigos de la provincia, pertenecen al SIPROSA, al Observatorio de la Mujer, a la Secretaria de DD.HH de la provincia de Tucumán, quien coordina la actuaciones y actividades del equipo, y al Colegio de Psicólogos de Tucumán. La labor comenzó en el 2008 con el primer juicio que se sustanció en la provincia por el secuestro, desaparición y asesinato de Guillermo Vargas Aignasse en donde los genocidas Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua.
Luisa Vivanco es Psicóloga y forma parte del Equipo interinstitucional, trabaja ad-honorem acompañando a testigos desde el primer juicio hasta el Operativo Independencia, megacausa que juzga los delitos perpetrados con anterioridad al golpe de estado del 24 de marzo 1976, que se sustancia actualmente. El trabajo de acompañamiento requiere de cierta especificidad, tal es así que desde el primer juicio tuvieron que capacitarse e interiorizarse sobre las normativas internacionales que enmarcaban la tarea de acompañar a  personas que van a revivir situaciones muy traumáticas que le permitía, a su vez, definir de manera constante la tarea de acompañamiento que no tiene ninguna vinculación con la concepción que sostiene que es un trabajo en donde se “prepara” a los testigos.
“Nosotros no preparamos al testigo sobre lo que tiene que decir, el contenido de su declaración no es algo que nosotros podamos aconsejar o no aconsejar, sino que nuestro objetivo es acompañar al testigo para que pueda dar su testimonio en las mejores condiciones subjetivas posibles, es decir, hay miedos que pueden bloquear su espontaneidad, la ansiedad que produce al entrar a un escenario que no conocen, cuáles son las reglas, qué les van a preguntar, qué pasa si no se acuerdan, entonces sí cumplimos con la tarea de apaciguar todas estas preguntas que se hacen” aclaró Luisa.
Quienes dan testimonio sobre el horror de lo vivido, tienen que atravesar por la situación traumática de recordar una circunstancia trágica. Sin embargo, la certeza es que por un lado, está la legalidad del testigo que le garantiza que va a ser creído y que su palabra vale y, por otro lado, está el miedo a revivir situaciones dolorosas que trata de olvidar. "Nosotros sabemos que no hay olvido, se puede haber reprimido imágenes de momentos y recuerdos dolorosos pero no hay olvido” dijo Luisa. Lo importante es que hoy el testigo pueda posicionarse y salir de un lugar o de una situación de la que fue víctima porque “si una persona que pudo haber sido secuestrada o pudo presenciar el brutal secuestro de sus padres cuando era niño, fue víctima de una situación de violencia, maltrato y crueldad” sostuvo.

En los juicios, sobre todo en el Operativo Independencia, se pudo saber que muchos trabajadores de fábricas, de industrias azucareras y de citrícolas fueron reprimidos por la lucha que mantenían para reivindicar sus derechos como trabajadores, testimonios que fueron esenciales para el desarrollo del proceso judicial y de la re-construcción de su identidad. De esta manera es donde aparece un relato que fue negado por mucho tiempo, del intento de haber querido borrar la memoria de la lucha y de la dignidad del pueblo de Tucumán. “Para nosotros también es recuperar su identidad acompañarlos en ese proceso, una personalidad de luchadores de la que muchos tuvieron que renegar o negar porque fueron muy rechazados en su comunidad, en su barrio. Pero hay algo dentro de ellos que sigue vivo y cuando se encuentran con otras personas y empiezan a reconstruir su historia, sienten un proceso de afirmación con lo que ellos fueron” recalcó Vivanco.

El doctor Leiva al margen de poner en duda el trabajo de los psicólogos, también cuestionó la intervención de los profesionales aduciendo que modifican el relato de los testimonios. La verdad que en algún punto esto tiene razón, la única modificación que hubo es que las personas antes tenían miedo y ahora pueden hablar de lo que vivieron, se sienten más seguros, tranquilos y acompañados por un equipo que cree en ellos y en su verdad.
“La única recomendación respecto a lo que tiene que decir, es que diga la verdad, esa es la única recomendación. Y eso les da mucha tranquilidad. En cuanto a la pregunta recurrente ‘¿Y si no me acuerdo?’ le decimos ‘decí que no te acordás bien’, es el derecho que tiene una persona que va a recordar situaciones traumáticas porque tiene lagunas, tiene bloqueos… Por eso siempre hay un tema que se habla mucho sobre cuál es la verdad. Es su verdad, es lo que él (testigo) recuerda, es lo que él vivió y es cómo él lo vivió, es una verdad subjetiva” concluyó Luisa.

miércoles, 17 de mayo de 2017

Reproducir justicia (en primera persona)

Por Hugo Hernán Díaz para El Diario del Jucio

Volví a casa y salude a mi hermana, era su cumpleaños de quince. Compartimos su torta preferida, la de chocolate. El tiempo pasó rápidamente y se hicieron las once, ella debía estudiar y yo preparar unas notas, por lo que cada uno se instaló en su cuarto.
Comencé revisando los textos del año pasado y los de este, todos ellos con historias importantes, algunas mejor representadas que otras. Me encontré con el testimonio de Juan Domingo Fernández, me basto leer el titular para reconectarme con su dolor: “¿…en el mar…en el cielo…donde está mi viejo?”. Hice un paralelismo rápidamente y me imagine como habrían sido los quince años de la hermana mayor de Juan sin su padre. Un padre que no murió, que no los abandonó, un padre que al día de la fecha sigue desaparecido.
Un viento ligero pasó por mi lado, egoístamente pensé, que afortunada mi hermana, pero…¿acaso son buenos tiempos los actuales?. Pasaron dos segundos por uno, no podía alejarme ya de la conexión con Juan Domingo y todos los Fernández. Que injusticia pensé para adentro, milicos “hijos de p…” susurré para afuera.
Continúe leyendo los escritos, me encontré con el de Rubén Vladimiro Milstein, un testimonio que no olvidaré en mucho tiempo. Rubén se pidió perdón a si mismo por no haber militado en el ERP, lloró por haber dejado solo a su hermano por ser gay e invitó al abogado defensor de represores, Leiva, a pasar del otro lado luego de que el doctor en leyes, en reiteradas oportunidades, le respondiera que coincidía con lo que el testigo manifestaba. 
Debo admitir que quebré emocionalmente, y no hablo de llantos, pero tuve que dejar de leer. Fui por un vaso de agua; en casa para llegar a la cocina debo pasar por la pieza de papá y mamá, los mire profundamente, estaban bien. Él dormía, ella terminaba una mandarina mientras veía televisión. Ya no pensé qué  afortunado, sino en que eso era lo justo. Es justo que mis viejos estén en el lugar que quieren y con quien quieren. Es justo que tengan una casa y una cama para dormir en las noches. Es justo que sean libres.
Antes de volver a la habitación recordé a todas las personas que testificaron y perdieron a sus padres, algunos incluso estaban en el vientre y ni llegaron a conocerlos, otros los siguen buscando, como Gervasio Antonio Núñez, el primer testigo que me tocó cubrir, y quien finalizó su testimonio diciendo: “no se si creo en la justicia, pero creo en la dignidad de los miles de compañeros que soñaron un mundo distinto y más justo”.
El agua pareció espesa pero pasó, retome la lectura. Me quedaban unas pocas notas y ya estaba un poco cansado. Una domiciliaria de marzo de este año fue la última que leí por esa noche. Recuerdo la casa de ese hombre perfectamente, un hombre que para el año 75 tenía apenas catorce años y vivía enfrente del popular centro clandestino de detención “La Escuelita de Famaillá”. Él había sido tomado como esclavo, era el único autorizado a entrar ahí y llevar las viandas, y claro, su familia obligada a “servir a la patria” cocinando para todo el ejército en forma gratuita.
Ya eran casi las dos de la mañana y pensé en lo poco que falta para la sentencia. En mi mente fui juez por unos instantes y no perdoné a ninguno de los imputados. Las pruebas son suficientes. No me reconcilié porque pensé en todos nuestros locos soñadores a los que les robaron la vida, en todos nuestros bebés a los que les quitaron la identidad, pensé en todas nuestras compañeras a las que violaron, en las picanas y los simulacros fusilamientos, en las quemaduras y las torturas, pensé en la boda que irrumpida en San Pablo y en la iglesia cómplice. Pensé en el pozo de Vargas, en Julio López, pensé en Nati, en el amor y la justicia, en la lucha y en los abrazos. Pensé en una sentencia justa, real y concreta. Pensé en que ese día se acerca y que la calle nos tiene que encontrar, una vez más, marchando y agitando banderas gigantes. Pensé en un estremecedor grito unificado de cientos de personas y casi que pude escucharlo…
PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

lunes, 15 de mayo de 2017

Todos los nombres el nombre

Por Tina Gardella para el Diario del Juicio

Fiscales y querellantes trabajan en coordinación. Es probable que representen a estrategias diferentes, pero seguramente comparten la idea de una justicia no como ley ni como institución jurídica –solamente-, sino fundamentalmente como el lazo social para la co- existencia con otros.
Esta coordinación ha tenido momentos memorables a lo largo de este Juicio; sobre todo cuando había que aportar distintos abordajes para desarmar estrategias discursivas de defensores parapetados en escenarios de teatralización absurda.
Pero otras instancias, quizás menos evidentes, dan cuenta no sólo de compartir una misma idea de justicia. Es que se trata de una justicia situada en un Juicio de Lesa Humanidad. Ni más ni menos. Con testigos. Con testigos víctimas. Con pasados silenciados. Con presentes sitiados.
Los fiscales preguntan por los hechos. Por las relaciones con los hechos. Por los escenarios de los hechos. Piden una narración. Que se identifiquen vestimentas, autos, armas, órdenes de detención, lugares de cautiverio.
Los querellantes preguntan –entre otras cosas- por los nombres. Del padre, de la madre, de su hermano, de su hermana…De lo contextual del terror a la interioridad del pavor. Como si los nombres familiares fueran la forma de instalar el propio nombre para le escena del juicio y también para sí mismo, para sí misma.
La testigo, el testigo, se construyen como tal desde el momento que responden al requerimiento del Presidente del Tribunal: “díganos su nombre por favor…” Pero por fuera de la escena del juicio son, desde mucho antes, una historia, una identidad: un nombre.
Así van sembrando identidades los nombres propios -todos hermosos, epocales, identitarios-, mientras se desarrolla el Juicio del Operativo Independencia. Desfilan las flores Hortensia, Margarita, Rosa, Jacinta…los cálidos nombres de María, Adela, Carmen, Juana, Marta, Irma, Olga, Blanca, Ema, Nilda, Sara, Berta…mezclados con los Juan, Ricardo, José, Fernando, Ramón, Ernesto, Domingo, Hugo, Carlos, Rolando, Víctor, Julio…
Con sus nombres y desde sus nombres, dan testimonio, construyen y re construyen historias, se exponen a “mostrar” para “demostrar”. Y si bien las preguntas de fiscales y querellantes crean las condiciones para habilitar la palabra testimonial que repara –más allá de su carácter de prueba jurídica-,  también permiten y saben que hay un derecho al silencio porque son los testigos, las víctimas las absolutas dueñas de sus recuerdos y de sus olvidos.
A las situaciones traumáticas por las situaciones de terror que pasaron los testigos y las víctimas, no le bastan sin embargo la narración de los hechos como testimonio jurídico. Muchos más si consideramos que estas situaciones traumáticas individuales son también colectivas y que el pasado se construye desde el presente, atravesado por la experiencia del presente. Es como si desde el presente se fuera al encuentro del pasado y como si se tomara por asalto al presente desde ese pasado.
Por eso es tan importante que se conjugue lo individual y lo colectivo. Que haya un nombre, una singularidad como lo más universal que puede haber, que la testigo, que el testigo lo diga, se nombre con su nombre y desde su nombre, que sea una oportunidad de re apropiarse de su historia, que sea un grito hacia esa sociedad que sigue duramente tratando de hacerse cargo de las consecuencias de la experiencia atroz de quienes se nombran en la escena del juicio.
Se acerca la etapa de los alegatos. Como actores fundamentales del andamiaje jurídico, los fiscales y querellantes darán cuenta  de la prueba jurídica que aportaron los testimonios.
Pero indudablemente también darán cuenta de las condiciones de producción que fueron capaces de construir para  quebrar ese abandono moral que tantos testigos y víctimas pueden haber sentido y sufrido con tantos años silenciados, con tantas décadas olvidadas. No hay dudas que así será.

viernes, 12 de mayo de 2017

41 años sin Justicia

Por Fabiana Cruz y Hugo Hernán Díaz para El Diario del Juicio

¿Esas personas culpables, serán condenadas el día de mañana? Con esa pregunta Elvira Rosa de Astorga terminaba de dar testimonio a los jueces en su domicilio el día viernes 5 de mayo. El juez Casas, intentaba entonces explicarle a la mujer de 84 años, que los actuales imputados, serían condenados solo en caso de ser considerados autores de los hechos por los cuales se los juzga.
Cabe pensar como Elvira, ¿serán realmente condenadas estas personas? En un contexto de desamparo por parte del gobierno nacional que banaliza las cifras de desaparecidos, que otorga más poderes a las fuerzas militares y tiene de amigos a los responsables, si pensamos en un poder judicial que permite la aplicación de la ley del “2x1” para los culpables por delitos de lesa humanidad, que dilata causas al extremo, que otorga penas bajísimas a los acusados y que se desentiende de los castigos aplicando la inefectiva prisión domiciliaria, entre otros males, entonces ¿habrá castigo?. Sin ir más lejos, indignó a muchos la designación del famoso defensor de genocidas Facundo Maggio como Juez de instrucción Penal nº ll que, gracias a la presión de un vasto sector de la sociedad fue retirada.
No son casuales los hechos que nos circundan, la dimensión política no es ajena a la lista interminable de atropellos que van en contra de los derechos humanos, de las conquistas sociales y de nuestra propia historia con el Terrorismo de Estado. Se consagra y reproduce nuevamente la brutal idea de una “guerra”, de un enfrentamiento entre dos demonios que garantizan, en algunos casos, nuevamente la impunidad. 
Elvira Rosa es una testigo que corresponde al juicio por la megacausa Operativo Independencia y, hace unos pocos días, comenzaba su declaración desde el comedor de su pequeña y acogedora casa de paredes celestes un tanto gastadas. Rodeada del personal designado para la domiciliaria se sentó en una silla de madera, tenía un pantalón verde y zapatos negros con azul, delgada, de saco rosa y avanzada edad entrelazo sus manos un tanto nerviosa, lo que de todos modos no impidió que pueda reconstruir los hechos trágicos que la atravesaron hace 41 años.
En el año 1976 a Elvira le tocaron la puerta de su casa, venían a avisarle que su nieta se encontraba en lo de un vecino y que debía apresurarse a retirarla. La niña tenía unos pocos meses, mientras tanto su padre Juan Mario Astorga, hijo de Elvira, que en ese momento tenía 22 años, acababa de ser secuestrado junto a su esposa Alicia Isabel Pérez de 24 años. Juan era agente de la Policía de Tucumán, Alicia era ama de casa y juntos criaban a la pequeña que no había cumplido su primer año. Aquél día de marzo en que un grupo de hombres se acercaron a la vivienda para detener a la pareja, Alicia se encontraba con un embarazo de tres meses. Luego de este atropello ilegal, no se supo más sobre Juan Astorga y Alicia Pérez, mientras que la situación del bebé en vientre sigue siendo difícil de precisar.
El ruido del aleteo del ventilador ubicado en el techo de la vivienda hace que el esfuerzo por escuchar a Elvira sea mayor, con su tono de voz bajo cuenta a todos los presentes que su hijo era muy trabajador, que estaba todo el tiempo afuera, pero que ella siempre se preocupaba cuando no volvía a su casa. A pesar de tener seguridad sobre ciertos hechos del pasado, a las preguntas más específicas teme responderlas, dice que ya pasaron muchos años, que no se acuerda. Pero no duda en hablar de su nieta, Verónica Astorga, quien tuvo que criarse con su familia materna. Añade con alegría que ella viene a veces a visitarla, es lo único que quedó de su hijo. En medio de su relato, la mujer liberó las lágrimas que se había esforzado en contener, y lo que se alcanzó a percibir entre su sollozo fue “me destrozaron la vida”.. Sin embargo, a las desgracias le siguieron otras, en el año 1977 secuestraron a su segundo hijo, Julio Fernando Astorga, todavía continúa desaparecido.
La suerte de la familia de su nuera Alicia estaba lejos de ser menos dolorosa. Antes de su desaparición, habían secuestrado a su padre Marcos Antonio Pérez y a su hermano Héctor René Pérez, este último liberado con posterioridad por las fuerzas represoras. Finalmente en el año 77, secuestraron y desaparecieron a su cuñado Gabriel Costilla.
A Elvira le abarrotaron su familia. 41 años han pasado sin obtener justicia. Ninguna reconciliación, ningún perdón ni olvido repararán jamás el sufrimiento que pasó toda su vida. La complicidad social y mediática, también son responsables.
Nuevamente, nos situamos en el final de su declaración. La mujer quiere saber para qué se ha montado tamaño proceso (refiriéndose a la audiencia en su propio domicilio), pregunta además por las posibles consecuencias del juicio.
¿Esas personas culpables, serán condenadas el día de mañana?

30.000 compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre.
Ph Elena Nicolay



miércoles, 10 de mayo de 2017

Una flor para mi madre

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio
La desaparición de una persona, ni presa, ni viva, ni muerta. Utilizada como una herramienta de tortura psicológica contra las personas cercanas a la víctima, no permitiendo el proceso de duelo. Curiosa contradicción discursiva, si tenemos en cuenta que desde la defensa se pretende demostrar que los crímenes cometido durante el Operativo Independencia se dieron en el marco de una supuesta guerra.
Cristina Noemí Córdoba ingresaba a la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Tucumán el 20 de abril. Lo hacía con un paso nervioso, pero con la mirada iba ganando confianza a medida que avanzaba hasta el asiento reservado para que pudiera testificar. Sentada observó al presidente del tribunal. Antes de que este pudiera tomarle juramento el Dr. Casasa, dijo con voz clara “Soy hija de Nora Lilia Abdala”.
Para 1975, Cristina vivía con su abuela, en diagonal a la casa donde su madre vivía junto con su compañero José Alejandro Vivanco.
El 25 de julio del 75 la testigo pudo observar por la ventana como su madre era arrastrada fuera de su casa, al mismo tiempo que Vivanco era sacado a golpes. Había un camión apostado en la puerta del domicilio donde ambas víctimas fueron cargadas. Solo se sabe que Victoria Zenaida Brito, vecina y compañera de militancia de Lilia la reconoció por la voz cuando ambas se encontraban secuestradas en el Centro Clandestino de Detención emplazado en la escuela Diego de Rojas en Famaillá.
“Desde la casa de mi abuela pude ver como la golpeaban a mi mamá. Ella estaba embarazada de 8 meses, ni siquiera eso respetaron. También entraron a la casa de mi abuela, un hombre grande y sin identificación me golpeó cuando quise salir a ayudar a mi mamá”
La testigo hace especial mención del hecho particular de que el hombre que ingresó a la casa de su abuela no se identificara. En relación a este detalle se refiere al contexto que se vivía en esa época: “En esa época hacían lo que querían, estaba en todos lados. Subían al colectivo y te revisaban sin permiso, lo mismo hacían en la calle. No respetaban nada. Era como si fuera que ellos eran dueños de hacerte lo que quisieran”.
Según un vecino de la pareja, Vivanco sabía que estaba en la mira de los grupos de tareas de la zona, por lo que intentó esconder a Lilia, pero ella, al ver cómo lo golpeaban, salió de su escondite para intentar que lo soltaran.
La testigo continúa su relato sobre el hombre uniformado que había ingresado su casa: “Después de golpearme me decía que a mi mamá no la íbamos a ver más, que a esa -Turca- la buscaban hace rato, y así, cada dos minutos decía esa Turca. Y mi mamá no era “esa, mi mamá se llamaba Nora Lilia Abdala”. Ellos no tuvieron respeto por nada, ni siquiera por la niña que ella llevaba en la panza. Yo tengo una hermana, y yo la voy a seguir buscando hasta el último día que respire, porque yo la necesito, tengo 55 años y sigo necesitando a mi madre. Yo ya no se si quiero justicia, yo lo único que quiero es que me den aunque sea un hueso de ella, para poder enterrarlo y el dia de la madre ir a dejarle una flor. ¡Diganmé! ¿Dónde está el cuerpo de mi madre?”

viernes, 5 de mayo de 2017

1 de marzo

Por Hugo Hernán Diaz para el Diario del Juico

Eran las 10:06 de la mañana del viernes cuando partimos desde el Tribunal Oral Federal hacia la ciudad de Lules, situada a un poco más de 5 km de la capital tucumana. Cuando digo partimos hago referencia a jueces, abogados, administrativos de fiscalía, personal de gendarmería y nosotros, los periodistas. En medio de una jornada cálida llegamos a La Reducción, allí nos esperaban Lidia Damiana Carrizo y Eduardo Benjamín Córdoba, los testigos del día.
Lidia tenía una pollera azul que le llegaba casi hasta los tobillos y un chaleco del mismo color, en los pies había optado por ponerse medias blancas y zapatos marrones. Su rostro lleva las marcas del paso de los años, su postura es un tanto encorvada. Caminó despacio, se sentó al lado del juez Juan Carlos Reynaga y le manifestó que le gustaría que su hijo pase a la sala que se había montado en el comedor de la casa. Una vez concluidas las negociaciones frente al pedido la declaración se inició.
Es jubilada, tiene 82 años y es madre de una víctima que ya declaró anteriormente en el TOF.
Para el año 1975 la mujer y su familia (compuesta por su marido y tres hijos) vivían en San Rafael, Lules. Su esposo, Manuel Leónidas Córdoba, era policía, y llevaba adelante su actividad en la comisaria de la zona.
El primero de marzo de ese año, alrededor de las veintiún horas un grupo armado ingreso a la casa de la familia Córdoba-Carrizo. Algunos vestían uniformes azules, mientras que otros lo hacían de verde. Lo primero que hicieron fue preguntar por la hija mayor del matrimonio, sin embargo la misma no se encontraba en el hogar en ese momento. Luego de revisar el lugar y de cerciorarse que la joven no estaba allí comenzaron a golpear a Manuel; lo patearon y lo pisaron mientras lo acusaban de ser miembro del ERP amenazándolo con que “iban a hacer boleta”. Más tarde lo cargaron en una camioneta y se lo llevaron. La próxima parada sería la casa de la suegra de Lidia, espacio en el que estaba la joven que buscaban. Padre e hija fueron secuestrados y llevados a la escuela Diego de Rojas, más conocida como “La Escuelita de Famaillá”.
El mismo día en que Manuel fue detenido, Jorge Eduardo Córdoba, el otro testigo de la mañana, se dirigió a la oficina de Heriberto Albornoz para solicitarle que le otorgue la libertad a su hermano, a lo que éste (por Albornoz) respondió en forma positiva y hasta pidió disculpas por lo ocurrido. Sin embargo era otra de sus maniobras del tenebroso policía multicondenado.
Eduardo tiene 85 años, es jubilado y director de un comedor que da de comer a setenta y dos chicos todos los días del año. Para la ocasión se puso una campera beige que representa mucho en su vida, fue con la cual conoció al papa Juan Pablo II cuando le tocó ir como representante del PJ.
“Albornoz lo hace liberar esa misma noche, parece que había entendido que él no tenía nada que ver.” Sin embargo, cuando Manuel intentó reincorporarse a su trabajo se dio con la noticia de que había sido cesanteado del mismo por expresas órdenes de Albornoz, e incluso sus ex compañeros le advirtieron que querían matarlo.
A los dos días de su liberación Manuel fue nuevamente detenido y trasladado por segunda ocasión al centro de detención clandestina conocido como “La escuelita de Famaillá”. El itinerario del horror continuó en Jefatura de Policía; luego tuvo un paso por Comisaría nro. 13 y finalmente en la penitenciaria de Villa Urquiza. El 13 de marzo de ese año sería liberado.
Lidia inclinó su cabeza como mirando al suelo pero sus ojos no tenían una dirección. “No teníamos ni para comer, habíamos vendido todo”. Manuel ya nunca volvió a ser el mismo, incluso se vio obligado a usar sillas de ruedas a causa de las graves lesiones que le ocasionaron las torturas recibidas. El tiempo trajo para él un derrame cerebral ocasionado por las constantes palizas durante su secuestro, y así, nos dejó físicamente.

La hija del matrimonio volvió a casa mucho después que su padre, recién en septiembre del 76. Su libertad fue condicional y tuvo contacto con los represores hasta 1981. Su identidad esta preservada en este artículo por ser una víctima de delito sexual.

miércoles, 3 de mayo de 2017

Policía, Justicia y Estado

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio

Ph Elena Nicolay

El caso de Oscar Rolando Figueroa es crucial para llegar a tener una real noción del nivel al que llegaron a estar articuladas las burocracias en el proceso que comenzó con el Operativo Independencia y culminó con el inicio de la dictadura. Me refiero al plan de accionar sistemático llevado adelante por las Fuerzas Armadas Argentinas mediante el cual tomaron control de las estructuras estatales con el fin de implementar el terror en la población para así poder condicionar un cambio en la ideología que estaba comenzando a gestarse en la sociedad, al mismo tiempo que se desarmaban los movimientos sindicales y sociales que luchaban principalmente, por mejoras laborales y se plantaban como una resistencia al avance del capitalismo internacional.
El Proceso de Reorganización Nacional, como sería conocido a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se enmarcaría a nivel continental dentro del Plan Cóndor, liderado desde Estados Unidos, en estrecha relación con el sector militar perteneciente a varios países latinoamericanos como Uruguay, Bolivia y Chile.
Quizás un análisis tan lejano resulte innecesario para explicar el caso de Rolando Figueroa, pero si es útil visualizar cuán grave fue la distorsión de los límites legales en Argentina durante la década del 70 y parte del 80.
Si tenemos en cuenta que los crímenes cometidos contra Figueroa sucedieron en 1974, encontramos la prueba de que el marco de formación del esquema represivo se remonta inclusive hasta antes del 75.
Fue secuestrado por primera vez en octubre de 1974, aunque no sabe a dónde fue llevado, luego de varios meses fue liberado cerca de la estación de Famaillá, desde donde pudo volver a su casa en la localidad de San José. Fue secuestrado nuevamente la misma noche de su regreso, entre el 3 y el 5 de diciembre, según consta el expediente de su causa.
Con la intención de buscar un culpable por el asesinato de Humberto Antonio Viola, o de crearlo a la fuerza, un grupo de personas armadas entre los cuales se encontraban los imputados Roberto Heriberto Albornoz, Miguel Ángel Carrizo y Luis Armando De Cándido, entraron violentamente a la casa de la madre de la víctima, donde vivía para la fecha.
Durante el mismo operativo también fueron secuestradxs su madre, María Vicenta Figueroa y su padrastro, Ángel Armando Palacios. Su cuñado, José Agustín Haro, también fue secuestrado esa misma noche pero de otro domicilio.
Lxs cuatro fueron llevados a la Jefatura de Policía, Figueroa recibió amenazas para que firmara unos papeles sin que se le permitiera leerlos, con la promesa de que él y su familia serían liberados de inmediato si lo hacía. Rolando firmó y su familia fue liberada a la madrugada. Sin embargo a él lo retuvieron y comenzó a ser torturado constantemente. A los pocos días se produjo su trasladado clandestino hacia algún lugar de Famaillá, donde continuó recibiendo constantes abusos. Fue encerrado en un ataúd durante varios días y luego sometido a un simulacro de fusilamiento. Se lo interrogaba a menudo sobre la muerte de militares y policías. Era picaneado y golpeado, además de ser obligado a observar cómo otras víctimas eran torturadas.
Después de varias semanas en ese lugar lo llevaron nuevamente a Jefatura de Policía donde el juez Manlio Martínez, quien está actualmente condenado por delitos de lesa humanidad, se presentó para interrogarlo. En esa ocasión fue nuevamente obligado por Albornoz y otros policías a firmar un papel sin poder leerlo. Luego se enteraría de que esas hoja tenía escrita una declaración en la cual se adjudicaba la muerte del capitán Viola, de su hija y de otras personas más, así como también se “declaraba” culpable de portación de armas, asociación ilícita y tenencia de panfletos subversivos.
En febrero de 1975 Rolando Oscar Figueroa, con solo quince años, era trasladado al Penal de Villa Devoto. No sería liberado hasta 1983, a pesar de que en 1979, estando en el Penal de La Plata, el defensor oficial le informó que había sido sobreseído, ya que lo habían declarado inimputable por ser menor de edad. A pesar de ello, debería esperar cuatro años para volver a ser libre. El motivo de esta situación es que legalmente se encontraba “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, el cual se encontraba bajo el control de las Fuerzas Armadas, ya en plena dictadura.
Su hermana, Olga Alicia Figueroa, declaró el pasado jueves 27 de abril “No sé qué le pasó. Estaba muy mal cuando volvió, muy mal. Estaba tan flaquito, que daba pena verlo”.